Nuestra legislación en materia penal y procesal penal es extensa y profusa. Muchas veces contiene una serie de conceptos que no son de fácil aprehensión y frecuentemente la definición legal de las diversas instituciones está ausente. Son, por lo tanto, la doctrina y la jurisprudencia las encargadas de discutir y precisar ciertos conceptos, lo que en principio resulta correcto, pues comúnmente la ley penal no es el lugar adecuado para definir todas las ideas con detalle, ello terminaría por tornarla en un texto abrumador e inabarcable.